La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) resolvió la convocatoria a un paro de 48 horas para los días lunes y martes de la próxima semana, algo que virtualmente adelanta el comienzo de la feria judicial porque el miércoles habrá asueto en toda la administración pública -salvo excepciones específicas-, en tanto que el jueves y viernes será feriado.
Los trabajadores del sector protestarán "ante la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un aumento salarial exclusivamente para los jueces de la provincia", cosa que los magistrados minimizaron y negaron en las últimas horas a través de un comunicado. Lo cierto es que ese documento no alcanzó para destrabar las medidas de fuerza en carpeta.
Cabe señalar que, pese a sus constantes pedidos, los judiciales no fueron convocados a una mesa de diálogo a diferencia de los docentes y estatales. La Gobernación provincial "decidió abrir la paritaria sólo para un sector del Poder Judicial -precisamente el mejor remunerado-, excluyendo de la misma a los empleados y funcionarios representados por la AJB", destacó el sindicato de la CTA Autónoma.
"El 29 se realizarán asambleas informativas en cada una de las 18 departamentales, y el martes 30 se convocará a una conferencia de prensa en la sede provincial del gremio", anticiparon desde la conducción sindical y, además, precisaron que mantendrán el "estado de alerta y movilización durante el mes de enero, condicionando el reinicio de actividades luego de la feria a la convocatoria" de la provincia.
Por su parte, el Colegio de Magistrados salió a pedir un llamado para "discutir con tiempo y con seriedad una pauta salarial" con miras a 2015, en medio de la huelga dispuesta por la AJB. La entidad también refutó a estos últimos luego que hablaran de privilegio por el aumento anunciado esta semana y descartó los beneficios aludidos por los empleados.
Por el contrario, el Colegio afirmó que la mejora salarial, de entre 3 y 4 por ciento, forma parte del segundo tramo de la pauta acordada durante 2014: su primera parte fue otorgada en abril y osciló -según los casos- entre 24 y 25 por ciento. La idea era que esa suba fuera completada en octubre, pero terminó de ser implementada recién este mes.
Los jueces argumentan que, en total, es un incremento de entre 28 y 30 por ciento frente a una inflación que -de acuerdo a las mediciones de algunos estudios privados y órganos públicos distritales- habría sido hasta 10 puntos mayor que eso. Y por ese mismo motivo haría falta un nuevo llamado para reabrir la negociación y discutir nuevas sumas.
Y también recordaron que la "diferencia de los salarios que perciben los jueces nacionales y los provinciales ronda un 50 por ciento".
De fondo hay, también, otro factor decisivo: la nueva ley de autarquía financiera para el Poder Judicial, una iniciativa que cedería el manejo del presupuesto a la Corte Suprema, incluyendo los aumentos salariales.
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